Soy embrióloga y me dedico a la reproducción asistida. Hace apenas unas horas, y al igual que otros profesionales, compañeros en esta especialidad, he visto con alarma la repercusión del embarazo en una mujer de 62 años. Aunque desgraciadamente no es la primera vez que ocurre, no por ello hay que “pasar de largo” frente a la noticia.
Sin embargo, no voy a considerar los problemas médicos y los riesgos en la maternidad tardía que se han señalado en sucesivas entrevistas a estos profesionales y que son de sobra conocidos. A esta argumentación se enfrenta la autonomía de la paciente, que considera ese valor, el de su libertad, por encima del valor salud e incluso vida.
Tampoco voy a valorar el aspecto legal. También se ha comentado que la ley, en sentido estricto, no establece ningún límite de edad para acceder a una técnica de reproducción asistida (hecho que, de paso, debería subsanarse). Por eso también, los defensores de esta práctica (el embarazo a edades superiores a los 50 años), podrían alegar que no se incumple la ley. Pero el mero cumplimiento de las normas legales no es suficiente, lo que nos obliga a ser más exigentes. Y aquí empieza el motivo de mi reflexión.
Existen unos principios éticos que deben de ser considerados en todos los ámbitos de la medicina, aunque quizás más aún en las técnicas de reproducción asistida, donde además tenemos una responsabilidad añadida frente al no nacido.
El principio de beneficencia nos obliga a maximizar el cuidado. El principio de no maleficencia exige evitar el posible daño a los pacientes y a su posible descendencia. El principio de autonomía, por otra parte, obliga al profesional sanitario a respetar el derecho de autodeterminación de los pacientes, guiados por sus deseos, preferencias y valores. El principio de justicia persigue un trato equitativo y no discriminatorio.
Estos principios éticos pueden entrar en conflicto, por cuanto la autonomía de la mujer se enfrenta, como comenté al principio, a los problemas tanto para ella como para el niño.
Pero además existen otros valores que hay que tener en cuenta: la calidad de vida del futuro niño, -dada la avanzada edad de la madre-, la situación en que se pueden encontrar los obstetras en el momento del parto, etc, etc. Y en ningún caso el profesional está obligado a cumplir todos los deseos de las pacientes.
La única solución ante este tipo de conflictos es la prudencia. Deliberar sobre los distintos valores que entran en juego para optar por el mejor curso intermedio. Pero, ¿se ha actuado con prudencia en este caso?
Creo que ni la madre ni los responsables del embarazo han pensado en lo que yo creo es lo más importante: el niño.
Dra. Rocío Núñez Calonge
Subdirectora Clínica Tambre
Máster en Bioética